La mayoría de la gente está de acuerdo en que los estados nacionales no tienen ningún derecho moral para controlar el movimiento de los ciudadanos dentro de sus fronteras, o para evitar que los ciudadanos viajen más allá de esas fronteras. Si los estados ven la necesidad de excluir la entrada de refugiados e inmigrantes, las razones a menudo apelan a la necesidad de ‘preservar’ los valores nacionales. Pero esos argumentos pueden no ser tan sólidos.

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